ANTECEDENTES

UNA DÉCADA DE VERGONZOSA INJUSTICIA

Por Manuel E. Yepe

A casos de indignante injusticia en la nación que más pregona la supuesta idoneidad de su sistema judicial, como los de los inmigrantes obreros Sacco y Vanzetti; los esposos Rosenberg; el inmigrante español Joaquín José Martínez; el prócer Pedro Albizu Campos y otros patriotas puertorriqueños; el joven negro Larry Youngblood; el periodista y activista negro Mumia Abu-Jamal, y el fundador del Movimiento Indio Norteamericano, Leonard Peltier, se agregó, hace diez años, el de cinco jóvenes cubanos.

Su crimen consistió en haberse infiltrado, desarmados y con riesgo de sus vidas, en los grupos paramilitares de extremistas de derecha anticubanos de Miami, con el propósito de obtener las pruebas necesarias para cimentar ante justicia la denuncia de sus planes terroristas y prestar así un servicio a la seguridad de los pueblos de Cuba y de los Estados Unidos.

No había otra opción para combatir esos planes y evitar tales ataques criminales, dada la reiterada inacción del gobierno de los Estados Unidos, que negaba objetividad a las denuncias.

Obtenidas las pruebas esenciales, el gobierno cubano informó por canales apropiados a su homólogo estadounidense y, en junio de 1998, una delegación del FBI viajó a Cuba y recibió completa documentación sobre las actividades de los terroristas de Miami, agradeció la información y prometió tomar las medidas requeridas.

El 12 de septiembre de 1998 el FBI procedió a arrestar en sus domicilios… a los cinco valientes antiterroristas cubanos, en tanto los terroristas no fueron siquiera molestados y pudieron continuar tranquilamente sus malsanos entrenamientos en el sur de la Florida.

Durante 17 meses, los cinco jóvenes fueron tenidos en celdas de aislamiento antes de que su caso fuera presentado al tribunal.

No obstante las impugnaciones de los abogados de la defensa en aras de lograr un proceso judicial razonable, el juicio se celebró en el reconocidamente hostil ambiente de Miami y el tribunal les condenó en 2001 a severas penas que en ningún otro contexto habrían sido viables.

Fue un juicio colmado de irregularidades que duró más de seis meses, convirtiéndose en el más largo en la historia judicial de los Estados Unidos hasta entonces. Una feroz campaña de prensa, especialmente intensa en los medios locales, agravó las amenazas e intensas presiones en el proceso de selección de los integrantes del jurado. Un titular del diario El Nuevo Herald, de Miami, el 15 de septiembre de 1998 que decía: “Son traidores y deben darles el más severo castigo”, ilustra el ambiente en que tuvo lugar el juicio.

Los únicos tres posibles miembros del jurado que expresaron neutralidad respecto a Cuba al momento de la selección, fueron descalificados por el gobierno y, aún así, muchos de los escogidos se quejaron por las presiones con métodos mafiosos para exigirles parcialidad a favor de los intereses de los contrarrevolucionarios cubanos de Miami.

Unos 120 volúmenes de testimonios, incluyendo los de tres generales del ejército y un almirante (retirados), el ex asesor del Presidente Clinton para asuntos cubanos (todos llamados por la defensa), así como altos oficiales cubanos y más de 20 000 páginas de documentos fueron compiladas para evidenciar que los cinco antiterroristas cubanos habían actuado en defensa de su país sin atentar contra intereses de los Estados Unidos ni violar sus leyes, como no fueran las que les obligaban a declarar formalmente sus objetivos, que desatendieron por obvias razones.

Una vez declarados culpables, los 5 cubanos fueron confinados en cinco cárceles de máxima seguridad, lejanas entre sí. Gerardo Hernández fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a una cadena perpetua cada uno, Fernando González a 19 años de prisión y René González a quince años. Los tres con cadenas perpetuas fueron las primeras personas en la historia de Estados Unidos en recibir tal sanción por delitos relacionados con espionaje, con la singularidad adicional de que, en este caso, no había elemento alguno para conformar ese delito ni existió un solo documento secreto manipulado por los acusados.

En mayo 27 de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que “la privación de libertad de los señores Antonio Guerrero, Fernando González Llort, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González Sehwerert es arbitraria, contraviene el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, y exhortó al gobierno de Estados Unidos a rectificar esa injusticia.

En agosto de 2005, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito Federal en Atlanta dispuso, por unanimidad de sus tres jueces, anular la arbitraria sentencia condenatoria de los 5 jóvenes activistas antiterroristas, que ya habían cumplido 4 años en aciagas condiciones, en dispersas prisiones de varios estados de la nación.

Ese veredicto del Tribunal de Apelaciones, hizo notar que era imposible un juicio justo en una ciudad “dominada por un prejuicio tan marcado contra el gobierno de Cuba que imposibilita un debido proceso de justicia en un caso en el que los acusados se identifican plenamente con el gobierno de su país y con la necesidad objetiva de defender al pueblo cubano del terrorismo.”

Tan categórico pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones, debió haber llevado a la Fiscalía a desestimar los cargos y liberar de inmediato a los cinco cubanos, pero, en una aberración jurídica sin precedentes, a instancias del gobierno federal, tal decisión fue ignorada y la injusta prisión se mantuvo para los cinco patriotas cubanos luchadores contra el terrorismo.

Durante los tres años siguientes se han sucedido innumerables violaciones de los procedimientos legales por clara manipulación del sistema de justicia en función de objetivos de la política exterior. Ha sido una represalia de naturaleza política contra Cuba a modo de gratificación a los grupos contrarrevolucionarios que pretenden el control de los inmigrantes cubanos en beneficio de los propósitos de la extrema derecha del “establishment” estadounidense que se ha servido de ellos para fraudes electorales y otros delitos políticos.

“Cuando esto sucede y se revela la existencia de este prejuicio político, los norteamericanos experimentan un gran sentimiento de vergüenza y desconfianza en las leyes, el sistema de justicia y los tribunales”, reconoció el abogado de la defensa Leonard Weinglass.

La infamia contra los cinco, que ha incluido graves violaciones de sus derechos humanos como prisioneros y los de sus familiares, ha incitado una solidaridad mundial tan amplia y vigorosa que ha hecho quebrar el silencio de los medios que Washington solo pudo mantener durante los primeros años de su infamante cautiverio.

Una decena de Premios Nóbel, más de seis mil intelectuales, más de un millar de legisladores, varias decenas de parlamentos y comisiones parlamentarias, foros internacionales y regionales de diverso carácter, se han pronunciado públicamente en contra de la injusticia de que son víctimas estos luchadores contra el terrorismo.

La entereza con que han hecho frente estos valientes a sus captores es vivo reflejo de la actitud del pueblo de que son parte, para el que han devenido ejemplo